Incrementa la Asamblea Legislativa del DF Pena por Exhortación Telefónica y Fraude

* Quien cometa dichos delitos no tendrá el beneficio de libertad bajo fianza

Para combatir la extorsión telefónica, el fraude y el robo a camionetas de valores en la Ciudad de México, el Pleno de la Asamblea Legislativa aprobó reformar los artículos 231, 236 y 254 del Código Penal vigente, de tal forma que ahora tipifica dichos ilícitos como graves y no se alcanza el beneficio de la libertad bajo fianza.

Al presentar el dictamen, el presidente de la comisión Administración y Procuración de Justicia, Daniel Ordóñez Hernández, precisó que el Artículo 236 se refiere al delito de extorsión y las modificaciones incrementan las sanciones con el equivalente a la mitad de las penas actuales, cuando el ilícito se perpetre por vía telefónica, correo electrónico, bluetooh, radio localizadores o cualquier otro medio de comunicación electrónica.

Ante el Pleno de la ALDF, resaltó que de acuerdo con datos estadísticos durante los primeros ocho meses del año pasado se reportaron 487 extorsiones telefónicas --1.8 llamadas diarias-- con el consecuente daño psicológico a las víctimas y la pérdida en el patrimonio de los ciudadanos.

En el caso del Artículo 231 se determina el castigo para quienes cometan el delito de fraude y se agrega que cuando el lucro obtenido consista en un vehículo automotor, independientemente de su valor, se aplicarán las penas previstas en la fracción V del artículo anterior, es decir, de seis a 11 años de prisión, lo que convierte a este delito en grave.

Ordóñez Hernández detalló que en este ilícito se aplicará una multa de 800 a mil 200 días de salario mínimo, ya que es necesario proteger a las personas que venden sus vehículos y evitar la conducta que utilizan las bandas para defraudar a quienes comercializan sus automotores.

Respecto de la reforma al Artículo 254, el legislador señaló que se considera como delincuencia organizada el robo a una oficina bancaria, recaudadora u otra, en la que haya valores, o bien contra personas que las custodien o transporten, tales como las camionetas de valores.

Las penas para quienes cometan estos ilícitos serán de cuatro a 10 años de prisión, además de que serán enjuiciados por la Ley de Delincuencia Organizada, lo que incrementa las penas.

En nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el diputado Martín Olavarrieta Maldonado resaltó el trabajo coordinado con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y la Secretaría de Seguridad Pública, en favor de una de las demandas más sentidas de la sociedad mexicana: “el combate de la inseguridad en las calles de la ciudad”.

Al presentar el voto particular del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, el diputado Antonio Zepeda Segura exhortó al Gobierno capitalino a realizar propuestas con un enfoque integral, que corrija de raíz las políticas encaminadas a disminuir la delincuencia, corrupción y hacinamiento en las cárceles, y no sólo haga propuestas aisladas que no contribuyen al combate frontal a la delincuencia.

Piden Mayor Presupuesto a GDF para el Servicio de Transporte Eléctrico

El Pleno de la Asamblea Legislativa exhortó al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que asigne una partida especial en el presupuesto 2008 para el mejoramiento y ampliación del Servicio de Transporte Eléctrico.

A propuesta de la diputada Carmen Peralta Vaqueiro, los legisladores pidieron al titular del Ejecutivo local que informe sobre las consideraciones de tipo técnico que se observaron para no tomar en cuenta el Sistema de Transporte Eléctrico como medio alterno de servicio de pasajeros y en su caso, incluirlo en el Programa de Transporte y Vialidad para la Ciudad de México.

En tribuna, Peralta Vaqueiro señaló que en dicho programa, así como en el Plan Verde para la ciudad se plantea la ampliación del transporte público de pasajeros Metrobús y la construcción de tranvías, pero hace falta también poner en marcha más líneas de trolebús, ya que se trata del transporte más seguro y menos contaminante.

Sostuvo que además este tipo de transporte es silencioso, no ocasiona contaminación auditiva ni emite bióxido de carbono al medio ambiente, por lo que es conveniente diseñar nuevas rutas, ya que a la fecha sólo hay 15 líneas de trolebús con una flota total de 405 unidades; sin embargo, es evidente que su infraestructura rebasa su vida útil, toda vez que el servicio inició hace más de medio siglo.

Por ello, dijo, es importante que las autoridades de la ciudad inviertan mayores recursos económicos y humanos en este sistema de transporte, y que de esta manera se proporcione a los habitantes del Distrito Federal un servicio digno, económico, confiable y lo más importante, no contaminante.

Necesario el Diagnóstico Correcto para Resolver Problemas de Asentamientos Irregulares: Círigo Vásquez

Para resolver el problema de los asentamientos irregulares de manera satisfactoria, es necesario hacer un diagnóstico correcto de la situación en la que se encuentran, sostuvo el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, Víctor Hugo Círigo Vásquez, durante la mesa de análisis Situación Actual de los Asentamientos Irregulares en el Distrito Federal: del Debate a las Propuestas.

En el encuentro organizado por la secretaria de la Comisión de Desarrollo Rural de la ALDF, Nancy Cárdenas Sánchez, el legislador señaló que es necesario conocer cuáles son las características que posee el fenómeno de la urbanización irregular del suelo de conservación, con el fin de diseñar los instrumentos jurídicos que permitan a las autoridades involucradas cumplir con sus encomiendas de manera adecuada.

Dijo que la discusión sobre los asentamientos irregulares en suelo de conservación debe plantearse en términos de la vigencia de derechos; por un lado, el derecho de los ciudadanos a contar con un ambiente sano, pero también el derecho al desarrollo humano, a contar con una vivienda digna con servicios adecuados, espacios para la recreación y el esparcimiento.

Para la diputada Nancy Cárdenas Sánchez es importante conocer la visión de quienes están en el ejercicio gubernamental en todos los niveles, para modificar en lo conveniente las políticas públicas, así como crear nuevas normas acordes a la realidad. Se trata, dijo, no solamente de cuidar “el desarrollo equilibrado de la mancha urbana, sino que estamos hablando del equilibrio ecológico de la ciudad y por supuesto de la zona metropolitana”.

En su oportunidad, la titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento, Diana Lucero Nava Ponce Treviño, señaló que es necesario establecer reglas claras respecto de la transparencia absoluta de todo lo referente al ordenamiento territorial, además de dar sustento técnico a los documentos de desarrollo urbano, tales como los planes delegacionales. Ello porque en la actualidad carecen de elementos georreferenciados.

Consideró que para contener el crecimiento en zonas de riesgo, deben realizarse evacuaciones preventivas de los asentamientos irregulares existentes, inhibir la creación de nuevos asentamientos en las barrancas y orillas de los ríos y fomentar las acciones de vigilancia de dichas áreas, así como evitar la fragmentación de las barrancas con cambios de uso de suelo que mezclen las zonas rurales con las urbanas.

A pesar de reconocer que existen avances importantes en materia de ordenamientos importantes y aplicación de programas de preservación del suelo de conservación en el Distrito Federal, Luis González Plascencia, representante de la Comisión de Derechos Humanos del DF, aseguró que el crecimiento de los asentamientos humanos irregulares continúa al pasar de 528 en el año 2000 a 828 en 2006. Detalló que de las nueve delegaciones con suelo de conservación, cuatro crecieron de 1990 a 2000 por arriba de 2.4 por ciento, entre ellas Milpa Alta y Xochimilco.

De acuerdo con el informe especial 2005 sobre la violación al derecho humano a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado por el deterioro y desaparición del suelo de conservación del Distrito Federal, realizado por la CDHDF, dijo que la capital del país ha registrado un avance de la zona urbana en los últimos 70 años en razón de 350 hectáreas por año; en tanto, la tasa de deforestación se estima en 240 hectáreas por año, por lo que, advirtió, de continuar esas tendencias, en cinco años la Cuidad de México perdería una extensión equivalente al Parque Nacional del Desierto de Los Leones